Costas ante el TEAR/TEAC

El nuevo año 2018 ha traído la desagradable noticia a los contribuyentes de que, con aplicación desde el 1 de Enero, ya están determinados los criterios de imposición y cuantificación de costas en materia de reclamaciones económico administrativas.

El concepto de Costas es de aplicación jurisdiccional, y se entiende en general como los gastos en que debe incurrir cada una de las partes involucradas en un proceso. Ahora dicho término se traslada al proceso administrativo.

Así es. El final del año precedente 2017 trajo consigo una serie de modificaciones en materia de procedimiento administrativo tributario de cierto calado, que se ha articulado mediante la modificación de la propia Ley General Tributaria, así como sus diferentes reglamentos de desarrollo. De todo ello iremos dando sucesiva información separada sobre los puntos más prácticos y/o más importantes.

Particularmente, en el caso que aquí nos ocupa y llama la atención por su virtualidad práctica, la modificación introducida en el artículo 51 del Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, que regula el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (BOE 30/12/2017).

Dicho precepto citado regula la posibilidad de imponer las costas del procedimiento en vía económico administrativa para el administrado que recurra las liquidaciones que la administración tributaria le liquide, y sobre las que no esté de acuerdo.

En concreto, dicha posibilidad se prevé cuando el órgano económico-administrativo aprecie la existencia de temeridad, lo cual sucederá cuando dicho órgano administrativo entienda que la reclamación o el recurso carezca manifiestamente de fundamento y mala fe, cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho, o que entrañen fraude procedimental.

En particular, podrá ser apreciada la existencia de mala fe cuando se planteen recursos o reclamaciones económico-administrativos con una finalidad exclusivamente dilatoria.

No obstante, no se impondrán las costas del procedimiento en el caso que las pretensiones hubieran sido estimadas total o parcialmente.

Dicho lo cual, el tribunal económico-administrativo competente deberá siempre motivar la concurrencia y aplicación de dichas circunstancias.

En cuanto a la cuantificación de las mismas, estas se determinan en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado.

En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas antes referidas.

Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial.

Cuando se hubiese acordado exigir el pago de las costas del procedimiento, el Delegado de Economía y Hacienda competente concederá el plazo en periodo voluntario de pago regulado en la Art. 62.2 de la Ley General Tributaria, para que satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin que aquellas se hubieran hecho efectivas, se procederá a su exacción por el procedimiento de apremio.

Sin embargo, lo más sorpresivo de todo lo expuesto, es que contra la condena en costas impuesta en la resolución económico-administrativa no cabrá recurso administrativo alguno, sin perjuicio de su revisión junto con el recurso de alzada que pudiera interponerse, de ser procedente.

En realidad, la posibilidad de imposición de costas ya estaba prevista en la Ley General Tributaria, sin embargo, no venían reguladas las normas para su imposición y la determinación de su importe. Ahora cobra vida la posibilidad de que un contribuyente pueda ser condenado a soportar una condena, además, por tener que oponerse a la liquidación que la administración tributaria le gire, lo que puede ser doblemente lesivo para el mismo.

Es cuanto menos controvertido que pueda ser considerada mala fe el legítimo ejercicio del derecho de defensa del contribuyente contra las resoluciones de la administración.

Sea como fuere, desde VINCIT Abogados, recomendamos, ahora más que nunca, previsión, estrategia y preparación de las actuaciones tributarias en fase de gestión o inspección tributaria. En caso de que dicha fase deba ser recurrida, recomendamos una preparación muy cuidada de la reclamación económico-administrativa.

Equipo VINCIT Abogados.

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Jan 11, 2018 por VINCIT