Vincit, segunda oportunidad

Martes, 2 de Octubre de 2018 - 15:00 h.

Venimos notando en todas las primeras visitas de nuestros clientes que solicitan nuestros servicios de Segunda Oportunidad la desorientación propia de quien se siente superado por las deudas. No conocen qué deuda tienen ni cuánto. Al menos no en su totalidad.

La desesperación propia por salir del mal bache económica les ha arrastrado en una espiral crediticia sin fin. En dicha desorientación no conocen qué firmaron, no guardan copia de las pólizas de préstamo, condiciones, ofertas precontractuales, comunicaciones, liquidaciones, cargos o anexos informativos.

En otras ocasiones, saben el origen de la obligación crediticia; pero tras diversas notificaciones recibidas por distintas entidades financieras, algunas que desconoce al haberse subrogado a la inicial, o de recobro, han perdido la pista del montante total actualizado de la deuda, quién y por qué es el legítimo titular de la misma o en qué condiciones.

Dicha agónica situación, que no ha dejado conciliar el sueño a nuestros clientes nos es trasladada, y nuestra labor es tranquilizarlos. Nuestro objetivo es iniciar cuanto antes el proceso de negociación con los acreedores, proponer un Acuerdo Extrajudicial de Pagos, en lo posible, y que este se alcance, siempre en beneficio de nuestro cliente. En caso de no ser posible, lograr el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la remisión de la deuda, y liberación de la carga crediticia que ahoga a nuestro cliente, cumpliéndose los trámites y condiciones legales.

El mecanismo de la segunda oportunidad o "fresh start" que introdujo el Real Decreto-Ley 1/2015, y convalidado posteriormente por la Ley 25/2015, permitió que una persona natural pudiese volver a encarrilar nuevamente su vida, sin tener que seguir arrastrando el peso de su deuda no satisfecha.

Pero para ello debe comenzarse por el principio: aclarar y acotar la situación de todo el pasivo existente. Es por ello que debemos conocer: ¿no deberían haber notificado previamente la inclusión del deudor en el fichero de morosos?, ¿deberían haber notificado la cesión de los datos del cliente a otras entidades de gestión de riesgo y recobro?, ¿qué tipo de empresas son las que incluyen dicha deuda en el registro de morosos?, ¿qué ficheros de morosos existen?, y la pregunta más importante, ¿se puede de salir de ahí?

Para dar respuesta a todo ello, debemos de saber que, en España, existen sistemas de "credit score" a través de los "Credit Bureau" (Experian, Asnef-Equifax) sobre información de solvencia y reputación crediticia de entidades y personas naturales.

Los servicios prestadores de información sobre solvencia patrimonial y crédito se nutren de los datos revelados por el propio interesado u obtenidos con su consentimiento y también, en el caso de datos personales relativos al cumplimiento o no de obligaciones dinerarias, de la información suministrada por el acreedor o su representante. De entre los más conocidos está el RAI (Registro de Activos Impagados) y el ASNEF, que aportan datos financieros de morosos, aportando información negativa sobre el comportamiento crediticio del deudor (impagos y retrasos en el pago). Los ficheros de impagos más comunes entre las financieras, son: “AESIS”, “DELTA”, “INCIDENCIAS JUDICIALES”, “INCRESA”, el fichero “BADEX” y el fichero “BDI”.

Por tanto, para cualquier ciudadano, y sobre todo para aquellos que arrastran un historial crediticio tortuoso, y que han podido acceder a la segunda oportunidad, resulta muy importante acceder a sus datos de carácter personal entre aquellas entidades prestadoras de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y regular su control e incluso cancelar los mismos si los datos contenidos en los mismos son incorrectos.

Merece la pena conocer, igualmente, que los ficheros negativos están sometidos al control de la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), que es una entidad de Derecho Público encargado de velar por el tratamiento automatizado de los datos personales de conformidad con las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999.

La Agencia Española de Protección de Datos AEPD es el Ente Público encargado de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. Dicho ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y Privada tiene como principal actividad el servicio inspector. Sus inspectores y su director tienen libertad de actuación dentro del marco de la LOPD y demás legislación concerniente a la protección de datos personales. Por tanto, la finalidad principal de la AEPD es controlar lo relativo a los derechos de información, acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos.

Para acceder el tratamiento de datos respecto de aquellas entidades que prestan servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito debemos dirigirnos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 29, que indica que “Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento”.

No obstante, si son datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés, se deberá notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos en la propia LOPD.

Es por ello que, en ambos supuestos comentados, cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.

Además, el artículo 29.4 LOPD acota la vigencia y validez en el tratamiento de dichos datos y su cesión cuando sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos.

Añadidamente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), es plenamente aplicable en España desde el pasado 25 de mayo.

Dicho reglamento Europeo de Protección de Datos, ha venido a motivar el dictado del Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de Julio, por el que se ha debido adaptar la normativa española a aquel, en el sentido recoger el procedimiento infractor en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 (derechos ARCO).

La Agencia de Protección de Datos tiene la posibilidad para sancionar, pudiendo llegar a imponer grandes multas a los responsables de los ficheros informatizados.

Es aquí donde debemos tener en cuenta que la ley recoge una serie de derechos en relación al uso de esos datos y que es importante conocer:

1) Derecho de acceso: Se reconoce un derecho a conocer qué datos poseen las entidades. Dicha consulta se podrá efectuar por escrito, y la respuesta del responsable del fichero debe darse de forma clara, inteligible y sin claves extrañas que dificulten su comprensión.

2) Derecho de Rectificación y Cancelación: Una vez conocidos los datos que poseen de nosotros, existe un derecho a solicitar al responsable del fichero que se rectifiquen o cancelen los datos erróneos, lo que deberá cumplirse con lo solicitado.

3) Derecho de consulta al Registro de la Agencia de Protección de datos: A través de este registro, se puede conocer la existencia de datos informatizados en posesión de un responsable del fichero. La consulta es pública y gratuita. Además, se puede dirigir a esta Agencia una reclamación contra aquellas entidades que incumplieran los derechos antes citados de acceso, rectificación y cancelación.

Pero para ello debe comenzarse por el principio: aclarar y acotar la situación de todo el pasivo existente. Es por ello que adjuntamos un modelo de solicitud de cancelación de datos personales, y en su caso de acceso a los mismos, dirigido a entidad de registro de morosos como modelo, y en orden a que pueda ser utilizado para aquellas entidades de las que se pueda tener el conocimiento o sospecha de la utilización de dichos datos personales.

Departamento Mercantil.
VINCIT ABOGADOS.

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Oct 2, 2018 por VINCIT