Funcionarios Interinos: protección de derechos frente a la contratación abusiva

El abuso en la contratación del personal funcionario interino puede reclamar judicialmente sus derechos con ampliadas esperanzas de obtener su tutela.

FUNCIONARIO INTERINO: DEFIENDE TUS DERECHOS (PROMOCIÓN INTERNA, TRIENIOS, INCENTIVOS E INDEMNIZACIÓN CESE)
Viernes, 20 de Octubre de 2017 14:14

La figura del funcionario interino de la administración.

La situación actual de los funcionarios interinos siempre ha vivido en una situación de inestabilidad laboral, pero que va clarificándose judicialmente en sus derechos.

Como es sabido, el funcionario interino es una de las modalidades de empleados públicos que se caracteriza por el carácter temporal y público de su vínculo con la Administración. Básicamente, el interino fue diseñado por el legislador como el sustituto del funcionario de carrera, pero la Administración Pública sólo puede recurrir a la figura del interino para el desempeño de funciones propias del funcionario de carrera y por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Es decir, su relación es “causal” –plazas vacantes sin cubrir, sustituciones transitorias, programas temporales o exceso o acumulación de tareas- (art. 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante, TRLEBEP).

Sin embargo, llama la atención que los funcionarios interinos, que carecen de vinculación permanente, cada vez ganen más presencia y sean cada vez más utilizados por la Administración. La precariedad laboral se instala como una mal cada vez más instalado en el funcionamiento estructural de la Administración, teniendo en cuenta el ligero aumento de dicha figura jurídica año a año (de formar parte de un 15,19% los eventuales e interinos en la administración general del conjunto del Estado en 2016, se ha pasado a un 16,68% en 2017, según el boletín estadístico propio de enero de este mismo año; porcentaje que aumenta al 27,05% en las CCAA).

Sucede, que el procedimiento para la designación del interino suele materializarse a través de un procedimiento de selección ágil. Además, el interino se vincula a la Administración a través de un acto administrativo de naturaleza unilateral, esto es, un nombramiento, y no en virtud de un contrato de trabajo y, por tal motivo, se somete al Derecho Administrativo en los posibles conflictos que surjan con su empleadora, la Administración Pública, debiendo conocerse a través de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El reconocimiento de los derechos de los interinos por la TJUE.

No obstante, el abuso de la figura de la contratación del personal interino para la realización de labores ordinarias de la administración viene a su fin. Ello ha sucedido a partir de la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho de su propia Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la Confederación europea de sindicatos, la Unión de confederaciones de industria y empleadores de Europa y el Centro europeo de la empresa pública sobre el trabajo de duración determinada.

La normativa europea en el empleo parte del reconocimiento de unos principios básicos: el principio del reconocimiento a la estabilidad en el empleo; así como el principio de no discriminación en el empleo y el principio igualitario en el trato del personal temporal que debe ser tratado como al personal fijo. Y a tal efecto, y como ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional en su propia sentencia STC 232/2015, el Derecho Comunitario es de aplicación directa y preferente sobre las leyes, reglamentos y actos administrativos nacionales.

Pero sobre todo, destacamos la línea jurisprudencial recaída en tres importantes Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2016:

- Por una parte, ha previsto para los contratados laborales interinos de la Administración una indemnización por cese similar a la que se aplicaría a los empleados fijos comparables si fueran despedidos aunque los tribunales españoles aún están hoy día digiriéndolo (asunto C-596/14, De Diego Porras).

- Por otra parte, ha considerado incompatible con el Acuerdo Marco la adopción abusiva de sucesivos nombramientos temporales en la Administración, ya sea como funcionario interino o como personal estatutario eventual, señalando la obligación del Estado español de adoptar medidas eficaces para sancionar estas prácticas, equivalentes a las que ya se han establecido en el ámbito laboral (asuntos C-16/15, Pérez López y C-197/15, Castrejana López).

Para prevenir abusos en la utilización sucesiva de contratos temporales por los Estados miembros de la UE, la cláusula 5ª, apartado 1 de la Directiva 1999/70/CE dispone únicamente es admisible cuando existan situaciones jurídicas “comparables” y una justificación por razones objetivas.

Las consecuencias de todo ello son ampliamente importantes y amplía notablemente los derechos para los interinos, especialmente los derechos retributivos y de carrera profesional.

Dichos reconocimientos jurisprudenciales, así como la posterior que vienen dictando por los tribunales españoles en su recepción, se aplica a todas las relaciones de servicio de duración determinada, independientemente de la naturaleza pública o privada del empleador. Es decir, afecta de lleno al personal laboral contratado por la Administración, a los funcionarios interinos, al personal eventual y al personal estatutario de carácter temporal de los servicios de salud.

Consecuencias en la extensión de derechos a los funcionarios interinos

Como consecuencia de la brecha judicial abierta con las sucesivas resoluciones judiciales del TJUE antedichas, se abre un catálogo de derechos que pueden ser reclamados ahora por los funcionarios interinos empleados en la Administración española y que hasta el dictado de aquellas no tenían amparo jurisprudencial es España,

a) Reconocimiento de la antigüedad y los Trienios. Pese a que el artículo 25 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril EBEP ya lo reconocía, fue decisivo en su reconocimiento y generalización la STJUE Del Cerro Alonso, de 13/09/07, asunto C-307/05, que dio pie a otras, como la STJUE Gavieiro Iglesias, de 22/12/10, asunto C-444/09. El reconocimiento de la antigüedad y los conceptos retributivos que con ello se derivan deben ser reconocidos igualmente al personal eventual como al personal interino, en términos de “comparabilidad”

b) Reconocimiento del derecho de carrera horizontal con sus incentivos y complemento retributivos. No existen pronunciamientos judiciales en cuanto al reconocimiento a la progresión en la carrera vertical, pero sí en la horizontal en cuanto al reconocimiento y consolidación de los mismos incentivos y complemento retributivos que el resto de funcionarios fijos de carrera (salvo razones objetivas justificadas).

c) Reconocimiento de los “servicios previos” computables para el ejercicio del derecho a la promoción interna. El reconocimiento de la antigüedad en labores como funcionario interino en iguales condiciones que el resto de funcionarios de carrera no puede ser obviado dentro de las convocatorias de promoción interna de ingreso al cuerpo de la administración pública. Dicho derecho parte fundamentalmente con el reconocimiento en la Sentencia TJUE de 08/09/11, asunto C177/10, asunto Rosado Santana.

d) Derecho a indemnización por cese equivalente en los contratos laborales, reconocido a interinos y eventuales en caso de abuso o fraude en la contratación. Pese a que en puridad no existe relación laboral, y tampoco despido, como ya dijimos al inicio de esta nota, la doctrina jurisprudencial europea apuntó (asunto C-596/14, De Diego Porras) que no podían existir diferencias de trato entre el personal funcionario interino y eventual con el resto de funcionarios de carrera, o incluso comparativamente con cualquier trabajador de ámbito laboral, dejando a los tribunales nacionales margen necesario para igualar el tratamiento entre ambas categorías. Recordemos que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016, (Sala Décima), asunto C 596/14, De Diego Porras, parece haber creado un nuevo derecho indemnizatorio pero para los empleados públicos laborales que mantengan un contrato de interinidad por sustitución. Estos sí, al regirse por la normativa laboral, cuando cesen tendrán derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, al igual que la recibirían los contratados laborales fijos en caso de ser despedidos. No obstante, la normativa administrativa no reconoce una indemnización propia para los interinos y eventuales, como sí hace la normativa laboral, por ello, el reconocimiento de una indemnización por cese está costando ser reconocida por los tribunales contencioso administrativos nacionales, aunque alguna resolución comienza a haber en dicho sentido, como recientemente ha existido por medio de la SJC-A A Coruña núm. 2 de 30 de junio 2017 (núm. 120/17) que acaba de reconocer una indemnización de 20 días en el cese de un funcionario interino.

En definitiva, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea califica abiertamente de “mal endémico” la cobertura de puestos en el sector de los servicios de salud mediante nombramientos de personal estatutario temporal. El propio Tribunal Constitucional español ha acuñado ya la figura abusiva de contratación por la Administración de “personal interino de larga duración”. Existen ahora vías para el reconocimiento de sus derechos para dicho personal al servicio de la Administración, con el límite de la adquisición de funcionario de carrera porque ello pugnaría con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Mientras el Estado español busca una solución al problema (y constan ya estudios laborales realizados por especialistas en el Ministerio de Trabajo) los funcionarios interinos pueden materializar su tutela a través de los tribunales de justicia, habiendo dejado dicho por el TJUE (por mor del Principio de efectividad), que corresponde al mismo Juzgado o Tribunal que conoce del asunto establecer la concreta protección al funcionario en cada caso (puntos 63 y 64 de la STJUE de 14 de septiembre de 2016, asuntos Martínez Andrés y Castrejana López).

Todo ello se traduce en que, mientras no exista una regulación normativa propia, el personal funcionario interino afectado por el abuso en la contratación deberá reclamar judicialmente sus derechos ante los tribunales con ampliadas esperanzas de obtener su tutela.

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Oct 22, 2017 por Miguel Ángel Díaz Herrera