Plusvalía Municipal

Como se recordará, la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017 de 11 de mayo de 2017 declaró inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 del TRLHL (RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo –IIVTTNU-), dando respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que atacaba los Principios de capacidad económica y de prohibición de confiscatoriedad (precedentes en las SSTC 26/2017 y 37/2017).

Tras el dictado de dichas resoluciones del TC, diversos Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Contencioso-Administrativo se han pronunciado de distinta de distinta manera, llegando a declarar nulo el impuesto conocido como plusvalía municipal -IIVTTNU- incluso aunque se hubiera producido ganancia o incremento de valor.

Es por ello que se aumenta el número de reclamaciones planteadas por los contribuyentes, donde los motivos de reclamación son básicamente dos: la norma es técnicamente inconstitucional y, como tal, el impuesto es nulo sin poder ser subsanado o interpretado, debido al principio de legalidad tributaria; pero además, el cálculo de la base imponible es igualmente arbitrario o injusto, motivo por el que igualmente puede ser solicitada la devolución del impuesto ya ingresado.

Por tanto, son objeto de invocación y tutela normas y garantías fundamentales tales como garantizar la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución Española), la igualdad en la aplicación de la ley (artículo 14 de la Constitución Española) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria (artículos 31.3 y 133.1 y 2 de la Constitución Española), la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A efectos prácticos, la contingencia generada sobre la estabilidad presupuestaria de los entes locales es importante. Según distintas fuentes, los ayuntamientos han recaudado entre 3.000 y 10.000 millones de euros a través de este tributo dentro del periodo de prescripción de los últimos cuatro años.

Sin embargo, tras un año de demora desde la STC de 11 de Mayo, únicamente se ha podido llegar a plantear por el Gobierno la Proposición de Ley del gobierno que con carácter urgente pretende modificar el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), publicada el pasado 9 de marzo de 2018 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Dicha propuesta es una “ley puente”, hasta el dictado de una norma definitiva y completa, en la que únicamente modifica la regulación de la liquidación del impuesto en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, al tiempo que mejora técnicamente la determinación de la base imponible mediante la sustitución de los porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto, que serán actualizados anualmente, mediante norma con rango legal y teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario así como los coeficientes de actualización de valores catastrales.

Sea como fuere, lejos de calmarse la situación, y como no existe aún una norma de reforma en vigor y completa, el Tribunal Supremo ha debido de admitir numerosísimos recursos de casación interpuestos por consistorios cada semana, de los que son más conocidos los interpuestos por el Ayuntamiento de Madrid o el de Zaragoza, en los que dichas administraciones locales se resisten a devolver los impuestos ya ingresados por IIVTTNU.

Es por ello que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha considerado que la cuestión planteada, en interpretación del alcance del fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, en relación con la anulación de las liquidaciones giradas al amparo de los artículos del TRLHL presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, al darse la circunstancia del artículo 88.2.b) LJCA.

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado como prioritario el dictar una sentencia en interés casacional que unifique la formación de toda la jurisprudencia, y que se dictará muy probablemente este Julio de 2018 próximo.

La cuestión tiene un importancia superior pues, recordemos, el alcance concreto de la resolución judicial será determinar si, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, las administraciones locales están obligas en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica, como defiende el juzgador de instancia.

A corto plazo, el criterio del Tribunal Supremo es el que dará orden a las posteriores resoluciones judiciales que se dicten en el resto de tribunales de instancia y TSJ de toda España. Aún así, ello no solucionará el problema de la constitucionalidad de la norma, y la necesidad de la aprobación de una norma con rango de ley que regule el impuesto de IVTTNU con respeto del principio de capacidad económica, motivo por el que recomendamos que los contribuyentes no dejen de plantear en cada caso la viabilidad de sus respectivos derechos de no tributación o de devolución de ingresos indebidos.

Equipo legal de
VINCIT ABOGADOS.

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May 27, 2018 por VINCIT